martes, 28 de septiembre de 2010

PLAN PARA LA CONFORMACION DE INSTITUCIONES EFICIENTES Y AUTONOMAS


Como ya se ha expuesto en líneas anteriores, el orden en que se establecen las tres columnas requeridas para una Venezuela de honor y principios requiere primeramente de la conformación de un capital social a través de la familia, el maestro, la iglesia, los medios de comunicación y la trasparencia administrativa; de allí entonces podremos construir Instituciones solidas y eficientes. Asimismo, la historia y la realidad de otras naciones con igual o incluso menos capital físico que el nuestro han demostrado que la calidad de las instituciones es directamente proporcional a una mejor calidad integral de vida y el crecimiento económico de una sociedad
En esencia, las instituciones son reglas y organizaciones que hacen posible la convivencia humana. Retomando el periplo por la historia universal de la humanidad, en relación al tema en desarrollo, como son las Instituciones que dan vida al Estado, EL FILOSOFICO INGLES John Locke (1632-1704) nutrió con su ideario y pensamientos, las teorías contractuales que se convirtieron en fundamento de lo que significaba la autoridad política, en el cual las personas consintieron asumir un sistema político y aceptar sus decisiones. Se trascendió de una sociedad de estatus a una sociedad de contrato.
Roy C. Macridis y Mark L Hulliung, plantean en su libro “Las filosofías políticas contemporáneas” que fue Locke, quien con detalle desarrollo la teoría del consentimiento. Señalo que:
… los hombres y mujeres viven en el estado de la naturaleza, con ciertos derechos naturales: derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Descubren la posibilidad de salvaguardar esos derechos sin una autoridad común comprometida con ellos y su protección. Así todos los individuos crean el contrato, lo aceptan y erigen una sociedad política consistente en un poder legislativo, judicial y ejecutivo…..
De esta manera, estas tres instituciones que conforman el Estado, adoptan un rol para la sana convivencia y el respeto de sus derechos: el legislativo crea las reglas, interpreta y salvaguarda los derechos naturales, el judicial resolverá los conflictos relacionados con esos derechos y el ejecutivo debe obligar y asegurar su cumplimiento. Paralelamente fuera del Estado, en la sociedad coexisten otras organizaciones con sus propias reglas que constituyen también Instituciones, y participan activamente en el desarrollo de la Nación: la iglesia, el sistema financiero, los partidos políticos, los trabajadores, las empresas, entre otras.
Ante estas premisas teóricas, cabe preguntarse:
¿Por qué, entonces, si esto es así, es prioritaria la conformación de Instituciones efectivas previas a la planificación de una mejor calidad integral de vida para todos los venezolanos?
La respuesta es simple:
Porque, sin un poder judicial autónomo e independiente, sin tribunales que fundamenten sus decisiones en principios de equidad e imparcialidad, libertad, sin el debido respeto al imperio de la ley cualquier actividad humana, ya sea social o económica resulta de alto riesgo y, por tanto, no se realiza o su realización es costosa.
En tal sentido si no se respetan las leyes, aumenta también la violencia, la incertidumbre, la inseguridad y la desconfianza. Ambiente que por ningún motivo promueve la inversión y si no hay inversión, no hay crecimiento económico sustentable.
De allí el grave daño social económico y de seguridad cuando, como hoy, no se cuenta con un sistema judicial autónomo e independiente. Asimismo es sumamente peligrosa la existencia de un poder electoral y de un poder moral igualmente subordinados al poder ejecutivo. Inevitablemente en nuestro caso particular, los venezolanos más que nunca antes, tienen ahora muy poca credibilidad y confianza por los procesos electorales. De igual forma, frente a los graves hechos de corrupción y violaciones a los derechos humanos se perciben ante una gran impotencia e incertidumbre.
Hechos reales que aquejan el ahora, deja mucho que decir respecto a la creación (en 2000) del Poder Moral, representado por la Contraloría General, la Defensoría Ciudadana y el Ministerio Publico, órganos maulas de ese creado Poder Moral, cuya existencia basada en la ética, por demás, debería garantizar el respeto a la dignidad de los venezolanos: ese es el Poder Ciudadano. En la balanza con el creado Poder Electoral carentes de justificación en su existencia altamente burocráticos y exageradamente dependientes de los lineamientos que emanan del Poder Ejecutivo.
Justo es destacar que la poca credibilidad hacia nuestras Instituciones no es reciente, es parte de las debilidades que arrastramos de la cultura heredada del caudillismo post-independentista, en la vida Republicana y en la incipiente democrática del bipartidismo. Precisamente, esa realidad, esa incapacidad de las Instituciones para impulsar el cambio y la transformación social, generó una mayor brecha de desigualdad entre las elites y las masas, proporcionando a su vez la desintegración de la conciencia colectiva, dando espacio en el nacimiento del nuevo siglo XXI, al surgimiento de nuevas formas autoritarias de liderazgo totalitario, bajo el amparo de procesos electorales en la legitimación democrática.
Sin embargo, es oportuno destacar un hecho que sucedió durante los precedentes 40 anos, que a pesar de la poca solidez institucional y de los hechos y circunstancias político-partidistas de interés, demostró la fortaleza y lo que es el deber ser de los Poderes Públicos en una Democracia moderna y respetable. Se trata de la denuncia de corrupción que el periodista José Vicente Rangel consigno ante el Fiscal General, Dr. Ramón Escobar Salom, quien procedió conforme a derecho, al trámite ante Corte Suprema de Justicia y el Congreso, el cual decidió por unanimidad suspender el Presidente Carlos Andres Perez del ejercicio de sus funciones, acusado de manipular fraudulenta de 250 millones de bolívares, para ayudar a Violeta Chamorro en si lucha antisandinista.
Una vez exista una conciencia y espíritu del venezolano constituida y comprometida para que la mayor energía destinada a cambios de direccionamiento de la política gubernamental, con base en el cambio de la conducta ciudadana, dada en la conformación de un capital social y humano persuadido que de esta manera seremos una nación desarrollada y que la intensidad del cambio es directamente proporcional a la voluntad de cada individuo, únicamente así se conformaran poderes públicos con ciudadanos de honor para realizar los logros necesarios al crecimiento económico dentro del concepto de desarrollo sustentable de las personas y sus instituciones.
Conforme con esto, es objetivo fundamental establecer equilibro y respeto dentro del contexto de acción de la autonomía e independencia de los poderes del Estado. Para ello surge considerar:
Rediseñar bajo esquemas de democracia, de elección participativa, los procesos de selección de los miembros de los poderes públicos, Debe preexistir en el nuevo liderazgo nacional una conciencia del Estado más que de individualidades de partidos. Un liderazgo, orientado para que aprenda a asumir el costo político en pro de obtener Instituciones autónomas y efectivas. Costo político que se justifica –estoy seguro- en áreas del ambiente de paz, seguridad y confianza que emanado de la efectiva acción de exigibilidad por parte del ciudadano debe garantizar el Estado
De allí que los poderes que se designan a través del poder legislativo, que en teoría se escogen sobre la base de una conciencia de transparencia y lealtad al pueblo, porque entonces, como señalo en sus inéditos Gloria Ramírez Santana (2002) “…por que a ese pueblo elector –y no por delegación- le corresponda elegir de manera universal y directa, absolutamente todos los Poderes Públicos de la nación, así también, ese pueblo soberano, le podría revocar sus mandatos…”
Esta visión se sustenta en el hecho que dicta, que si el pueblo es competente para elegir a los representantes del Poder Legislativo, al Presidente de la República, a los alcaldes, Gobernadores y representantes de los poderes deliberantes en Estados regionales y Municipios, tiene facultado para elegir al Vicepresidente, delegando si, en el Poder Legislativo, la aceptación o no de los ministros del Gabinete Ejecutivo. Tiene capacidad de Elegir los representantes del Tribunal Supremo de Justicia, según el Curriculum que se le presente al elector. Elegir los representantes del Poder Electoral y los representantes del Poder Ciudadano. Solo así, el Poder legislativo, tendrá la función de control de las cuentas del Estado, Ajustado al detalle de la Ley de Presupuesto asignado a cada uno de los Poderes, Dejando la dependencia que tiene de un breve y selectivo informe anual emanado de la Contraloría.
Esta propuesta –conscientes del no funcionamiento de la exclusiva participación del Poder Legislativo- es el siguiente paso a lo que en 1989, fue la elección de Alcaldes y Gobernadores. La ponderación de los resultados de estos procesos de evolución política desde que en la constitución de 1947, se otorgo –sin exclusiones- el voto a todos los venezolanos, es el perfeccionamiento del sistema democrático. Ya que en la medida en que el pueblo no ejerza su derecho de exigibilidad, el gobernante aplicara el mandato del imperio de la ley a su libre criterio.
Así, para el nombramiento y selección de los candidatos a miembros de los poderes electoral, judicial y ciudadano exista un proceso mediante el cual en el Poder Electoral participen, además de las organizaciones de los partidos políticos, Instituciones como: la Iglesia, ONG-Organizaciones no-gubernamentales (Trasparencia Venezuela, ojo electoral, Asamblea de ciudadanos y otras) medio de comunicación, empresas y sindicatos. Asimismo, se propone un proceso de selección que después de una evaluación profunda de la condición apolítica, la conducta moral y la trayectoria académica del candidato, se delimite un grupo de 10 a 15 ciudadanos y frente al país y de manera aleatoria se nombren finalmente los honorables conductores de Instituciones tan fundamentales para el buen desenvolvimiento de una sociedad justica, seguridad y confianza.
·       El liderazgo que ejerza el Poder Público debe supeditarse a la voluntad y el compromiso con el ciudadano, instituciones y fuerzas vivas de la nación. Asumir una actitud digna, en torno a una conducta de respeto a los demás Poderes del Estado, consientes, que en el equilibrio de los Poderes Públicos, en la discrepancia de ideas, pluralismo respeto y protección a derechos y garantías ciudadanas, es donde se sostiene el sistema democrático.
·       El estado, a través de las funciones de cada Poder Gubernamental, deberá garantizar equitativos y suficientes recursos, necesarios al ejercicio de esos poderes públicos evitando la dependencia de-con otro Poder. Por lo cual, la discusión de la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos <<representado en el Poder Legislativo>> deberá ser público y notorio de forma tal que el pueblo este informado sobre el contenido del mismo, antes y en su aprobación igualmente, los créditos adicionales, y demás gestiones propias de esta acción gubernamental. En relación con la Memoria Cuenta, esta deberá sustentarse en estas cualidades de Control y Responsabilidad Administrativa. Esta sería una real acción anti-corrupción y de sanción, para quien no cumpla el mandato constitucional de administración del patrimonio nacional.
·       Realizar un análisis consensual, con participación de todos los sectores o fuerzas vivas de la nación, sobre la vigente legislación, haciendo énfasis en instrumentos jurídicos que otorgan excesiva discrecionalidad a los poderes públicos, o vayan en detrimento de Derechos Humanos y libertad de expresión; vale decir, entre tantas: Código Penal Venezolano (2005), Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, Ley de Policía Nacional, Ley de Tierras, Ley Orgánica de Educación Superior, otras.
·       Ponderar la cualidad profesional, funciones y cantidades de jueces, fiscales y defensores públicos. Se deberá ejercer un efectivo sistema de control, dotándoles de recursos tecnológicos y financieros necesarios para el desempeño en el cumplimiento de su labor.
·       Desarrollar una política penitenciaria de reinserción del reo para la vida en sociedad, formulando y ejecutando un plan de efectivas políticas de saneamiento de la administración de esas instituciones que incluya la descentralización, privatización y construcción de humanizados centros reeducativos en lugar de cárceles.

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